LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y LOS ARCHIVOS

Parece que nuestro blog se va animando; han aparecido los primeros comentarios y además nos han enviado un post para publicarlo. Muchas gracias a María y esperamos que alguien más se anime y nos envíe otros:


Sigo con preocupación, por lo que afecta a los archivos españoles, el trámite parlamentario del Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, conocida como Ley de la Memoria Histórica. En estos momentos, el proyecto de ley se encuentra en tramitación en las Cortes Generales. La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados emitió dictamen el 17 de octubre pasado y el paso siguiente es el debate del proyecto en Pleno.

El proyecto de Ley cita varias veces los archivos, los documentos y las cuestiones relacionadas con su acceso y consulta. El texto del dictamen recoge en su artículo 20 la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil y determina sus funciones. Transcribo la primera de ellas:

Son funciones del Centro Documental de la Memoria Histórica:

a) Mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Española creado por Real Decreto 426/1999, de 12 de marzo. A tal fin, y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, se integrarán en este Archivo todos los documentos originales o copias fidedignas de los mismos referidos a las Guerra Civil de 1936-1939 y la represión política subsiguiente sitos en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal, en los cuales, quedará una copia digitalizada de los mencionados documentos. Asimismo, la Administración General del Estado procederá a la recopilación de los testimonios orales relevantes vinculados al indicado período histórico para su remisión e integración en el Archivo General.

Aunque el texto no es muy claro, creo que sería un error de consecuencias imprevisibles para los archivos españoles continuar la política iniciada al extraer fondos del Archivo de Salamanca, aunque en este caso el camino fuera el inverso y el destino de los documentos ese mismo Archivo. No tiene sentido mover de su contexto histórico, territorial y archivístico fondos de los archivos estatales; lo prudente sería hacer las copias digitalizadas a que se refiere el proyecto, pero enviar éstas al Archivo General de la Guerra Civil y dejar los documentos originales en los archivos que los recibieron cumpliendo las normas legales vigentes. Lo contrario no tiene justificación y nos llevaría a dar carta legal a un mecanismo de transferencias de documentos al que sería muy difícil poner límite.

En la parte positiva, el proyecto de ley garantiza en el artículo 22 el derecho de acceso a los fondos documentales, derecho que, aunque recogido en otras normas, nunca esta de más reiterar.

María Rivas

El dictamen de la Comisión Constitucional, con el texto completo del proyecto de ley se puede ver en BOCG, 26-10-2007:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_099-23.PDF